Muchas veces, nos encontramos con el gran problema emocional y económico cuando nuestros padres, de avanzada edad, empiezan a perder la memoria y facultades cognitivas y resulta necesario poder vender su vivienda para pagar lo que cuesta una residencia.
Hay personas que sufren una enfermedad o deficiencia persistente que les impide gobernarse por sí mismas. Entonces es necesario incapacitar judicialmente a aquella persona.